Asociaciones de consumidores, industria y sindicatos alertan de los efectos de la persecución al diésel

El gobierno ha anunciado ya el coste que la subida de impuestos tendrá para los ciudadanos

diesel

Estos días conocíamos lo que tendrán que pagar de más los ciudadanos por el incremento fiscal al diésel: 3,3 euros al mes de media, si tomamos como ejemplo al consumidor que realiza unos 15.000 km al año y dejando fuera a profesionales como transportistas y taxistas. O lo que es lo mismo, alrededor de 38€ cada mil litros. Eso supone pagar 2.15€ más, aproximadamente, al llenar el depósito con una capacidad media de 57 litros. Para la ministra de Hacienda “no se va a notar en el bolsillo de los ciudadanos”, según unas declaraciones publicadas en Europa Press.

 

Sin embargo, no es la única forma de medir el coste real de las nuevas medidas contra los diésel. Así, las principales asociaciones españolas del sector de la automoción han pedido que no se ataque a una determinada tecnología por el efecto de incertidumbre que se traslada a la ciudadanía, a la vez que defienden el diésel como el combustible más eficiente y con menores emisiones de CO2.

Y es que el coste de la persecución al diésel no se paga únicamente al llenar el depósito, también en las inversiones que puede recibir nuestro país y en empleo, directos o indirectos. Eso es lo que creen los presidentes de Anfac, José Vicente de los Mozos; Faconauto, Gerardo Pérez; Ganvam, Lorenzo Vidal de la Peña; Sernauto, María Helena Antolín, y Aniacam, Germán López Madrid.

También la OCU ha alzado la voz para criticar el aumento de un impuesto que califican como ineficaz desde el punto de vista medioambiental. Para la Organización de Consumidores y Usuarios el foco se debe poner en los vehículos que más contaminen, sin tener en cuenta su tecnología. Además, piden que la equiparación de los impuestos de gasolina y diésel se realice a la baja y no al alza, como ha sido. Otra de sus solicitudes es que el dinero recaudado sirva para subvencionar la compra de vehículos más ecológicos y eficientes.

Por su parte, la Coordinadora de UGT FICA ha reclamado al Ejecutivo que paralice la «criminalización» que se está haciendo hacia los vehículos diésel «como culpables de la situación medioambiental».

La organización sindical afirma que la presión del diésel, unida a las homologaciones de motores (WLTP) ha tenido un coste de casi 35.000 empleos en España, por lo exigen una transición coherente y pausada.

En GM Fuel ya dejamos constancia de la posición de la Unión de Petroleros Independientes y seguimos pendientes de los movimientos del Gobierno mientras seguimos trabajando para ofrecer a nuestros clientes combustibles más eficientes, eficaces y limpios.

 

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