Reacción de la UPI al anuncio del aumento de la fiscalidad al gasóleo

En las últimas semanas, el Gobierno viene anunciando un aumento gradual del Impuesto Especial que grava el gasóleo hasta equipararlo al de la gasolina, lo cual supondría un incremento de hasta 10 céntimos por litro del tipo actual aplicable al gasóleo. Esta subida fiscal estaría justificada, en el marco de la transición energética, por el carácter “altamente contaminante” del gasóleo. También se avanza que esta medida no afectaría a los profesionales.

diesel

Ante este anuncio -no traducido aún en proyecto normativo- los operadores del sector petrolero agrupados en UPI, sin perjuicio de ir adaptándose a la transición energética, no pueden dejar de llamar a una serie de consideraciones en aras a la objetividad y racionalidad de este proceso.

Lo primero que pedimos es que esta medida no se escude en razones medioambientales que no se corresponden con la realidad. Además de desinformar al consumidor, esto supone romper el principio de neutralidad en política energética en virtud del cual las decisiones se basan en las ventajas y desventajas reales de las diferentes opciones energéticas. El ciudadano bien informado sabe que los coches Euro 6 de gasóleo emiten la misma cantidad de óxido nitroso que los coches de gasolina y menos dióxido de carbono (CO2). Nada que ver con los coches de hace 10 o 20 años por lo que carece de justificación una subida impositiva que afectaría a todos los vehículos diésel. De hecho, la Directiva europea de fiscalidad energética está siendo objeto de revisión y los tipos mínimos serán revisados en función de 2 criterios, el contenido energético y la capacidad de contaminación y esperamos un ejercicio riguroso de medición de esa capacidad de contaminación que venga a confirmar lo que afirmamos. Por lo tanto, pedimos no disfrazar la subida de la fiscalidad del gasóleo de medida medioambiental máxime cuando el retroceso de los automóviles diésel en favor de los de gasolina, incrementaría aún más las emisiones de CO₂.

En segundo lugar y vista la motivación recaudatoria de esta medida, es preciso valorar su impacto económico que sería doble en el bolsillo del consumidor por el alza del precio del carburante y de los precios del conjunto de bienes y servicios. Una subida de 9,55 céntimos por litro que es lo que exactamente restaría para equiparar fiscalmente ambos carburantes se traduciría en hasta 5 euros más al llenar un depósito de 50 litros a lo cual habría que sumarle que el consumidor ha hecho una inversión mayor al tratarse de un modelo de gasóleo, ya que normalmente su precio es más elevado que el de un modelo de gasolina.


Además, una subida de la fiscalidad del gasóleo tendría un impacto negativo en la rentabilidad de las empresas y en su competitividad en el mercado exterior con las previsibles consecuencias en términos sociales (salarios, desempleo). Así ha ocurrido siempre que por una u otra razón, ha aumentado el precio del carburante. No olvidemos que en España, la proporción del transporte por carretera es mucho mayor que en otros países que utilizan más el transporte fluvial y ferroviario. Además, si esta subida impositiva no se gestiona adecuadamente, podría plantear de manera individualizada un problema muy grave para las EES de frontera, que verían su volumen reducido drásticamente a la vez que la recaudación que el Gobierno aspira a conseguir quedaría en parte neutralizada por este efecto además de la pérdida de facturación para las compañías que operan en España.

Para paliar este impacto, proponemos que al menos se combine la subida impositiva con el mantenimiento de la bonificación que actualmente se aplica al gasóleo para el transporte profesional y para la agricultura, ganadería y pesca.

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